Primero la violencia política, sobre todo contra l@s
jubilad@s.
Más del 70% de l@s argentin@s se opone a esta reforma (por
lo menos en algunos polémicos puntos de la nueva ley), y la protesta social no
se hizo esperar.
Represión estatal, abusos de autoridad y herid@s, del lado
opositor en un comienzo.
Ahora, más policías al hospital que manifestantes.
Sectores radicales de izquierda devolvieron la violencia
recibida en la marcha pasada, y sabemos que el gobierno utiliza esto para
justificar su mal accionar y desacreditar la legitima movilización popular en
contra del proyecto cuestionado.
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